Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: RL Hevia
Tras el robo de 19 mil dólares de la oficina de Mario Alberto Urquía Carreño, Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, este fue expulsado de la sesión semestral de la Alta Cámara celebrada el pasado domingo en la capital.
Luego de varias acusaciones públicas al Gran Maestro procedentes de los representantes de las más de 300 logias del país, Urquía se negaba a abandonar la sala, “pero tuvo que hacerlo por la exigencia casi unánime de los representantes de las logias. Había mucha indignación acumulada por su actuar. Salió diciendo que llamaría al Registro de Asociaciones (del Ministerio de Justicia) para quejarse, pero ellos no tienen ninguna autoridad aquí”, refiere el medio CubaNet a través de varios testimonios de algunos asistentes a la ceremonia.
Recordemos que tanto este Supremo y la Gran Logia tienen un Tratado de Paz y Amistad en virtud del cual, si un masón es sancionado o expulsado en una de esas instancias, la otra parte debe acatar la misma sanción.
Algunas fuentes declaran a varios medios independientes que ese suceso no había pasado en la Masonería cubana. “Hoy es el día de la vergüenza, el día en que los masones cubanos demostramos nuestra autonomía e integridad”, aseguró un testigo de los hechos.
El dinero robado que estaba bajo su custodia pertenecía al Asilo Nacional Masónico Llansó. A pesar del suceso, el Gran Maestro descartó que fuese a renunciar a su puesto y manifestó su desacuerdo con el proceder en la reunión extraordinaria del Patronato. De hecho, por su disposición, 29 masones fueron enviados a la Corte y, por tanto, suspendidos de sus derechos masónicos hasta el juicio.
Figuraron en esta lista el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, José Ramón Viñas Alonso, por informar a la comunidad de masones del robo del dinero, procedentes de donaciones de los hermanos dentro y fuera de la Isla. Sin embargo, su juicio fue suspendido por falta de pruebas.
En este sentido, el ex Gran Maestro, Ernesto Zamora, asumió la presidencia de la sesión de Alta Cámara, tras la salida de Urquía Carreño. Además, fueron impugnados todos los Decretos firmados desde el 25 de enero hasta la fecha, sobre todo aquellos que obligaban a ir a la Corte a quienes se le habían enfrentado.
