Foto: Ryanny Torna
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Después de la comparecencia televisiva de este domingo del presidente cubano Miguel Díaz- Canel Bermúdez para llamar a defender la revolución y dar la orden de combate, que tuvo como desenlace encuentros violentos entre cubanos y representantes del gobierno, en la tarde del miércoles 14 de julio volvió a dirigirse al pueblo. En esta ocasión pidió aplicar “el estricto cumplimiento de la ley” a quienes protestaron en más de cincuenta ciudades del país con gritos de “Libertad”.
Minutos después, sus planteamientos fueron reforzados, como ya es costumbre, por el impopular abogado devenido en periodista Humberto López y el programa Hacemos Cuba. Representantes del Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la República fueron invitadas a este espacio que trató de inyectar el miedo en los cubanos de la manera históricamente más efectiva: al interior de las familias. Lo que nos hace cuestionar una vez más, ¿cuál es la Cuba que quieren construir desde los medios de comunicación del estado?
La Coronel Moraima Brabet, jefa de la dirección general de investigación criminal del ministerio del interior y Lisnay Mederos, fiscal jefa de la dirección de procesos penales de la fiscalía, dieron cuentas, haciendo uso de su “responsabilidad en la respuesta que ha de tener estos hechos”, de cómo se procederá con los protestantes.
Si bien en el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba vigente y aprobada en 2019, se reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; la oficial del MININT acotó que el grito de “patria y vida” será motivo de cárcel por el delito de instigación. Uno de los principales argumentos que refiere la coronel es que estos actos “no los podemos permitir porque simplemente la calle es de los revolucionarios”, frase que ya había pronunciado el propio presidente cubano y que miles de usuarios de la isla han respondido a través de redes sociales: la calle es de los cubanos.
Las protestas serán consideradas por estas instituciones hechos delictivos y han manifestado que llevarán una respuesta penal. Sin embargo, las invitadas al programa adelantan algunas pautas de cómo ha sido y sobre todo de cómo se desarrollará en los próximos días el procesamiento de los cubanos participantes en dichas acciones.
Primeramente, aclararon que el tratamiento será personalizado atendiendo al nivel de responsabilidad demostrado. Se hizo énfasis en eso: “organizadores, promotores, instigadores, los que financiaron para provocar, los ejecutores…” Se analizará el grado de participación de cada uno y no todos tendrán la misma responsabilidad penal exigible ni por ende, la misma sanción.
“Los acusados enfrentan una sanción de privación de libertad de 8 a 20 años si el hecho se ejecuta aprovechando el momento en que tiene lugar un ciclón, terremoto u otra calamidad pública”, este fue un aspecto que ocupó especial protagonismo. A decir de la fiscal: existen circunstancias que agravan la participación y la ejecución de un hecho delictivo referidas en el artículo 53 del código penal vigente desde 1987 (agravantes del código penal). Hizo mención a tres de ellas que, a su decir, se han dado con mucha fuerza e intensidad durante las acciones de esta semana y que sumarán años a las condenas de los implicados.
Cometer el hecho aprovechando la circunstancia de una calamidad pública, peligro eminente o situación especial; puntualizando que el COVID-19 será valorado penalmente como una agravante. No sin antes mencionar al bloqueo como situación excepcional.
Cometer el hecho empleando un medio que provoque un peligro común y cometer un hecho contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país fueron las otras dos agravantes identificadas en el espacio transmitido por el canal Cubavisión.
Estas circunstancias tendrán consecuencias directas en la condena ya que tomando el límite de la sanción máxima (20 años) podrían llegar a elevar a la mitad del marco sancionador del delito que se esté imputando. “Es legalmente posible que se den varias o una y en todos los casos estará presente la situación del Covid como agravante”, aclaró la representante.
Minutos después fue referido un cuarto agravante, que, aunque dado en menor medida, igualmente sumaría años a las sentencias de algunos de los detenidos. Se trata de llevar menores de edad a las protestas. Lo que hará que se aplique la ley “con mayor severidad” para el adulto. Hay que tener en cuenta la responsabilidad de los padres en este sentido. En dichos casos el menor sería sometido a “tratamiento educativo para corregir su conducta” -concluyeron.
Sobre los detenidos actualmente compartieron que la mayoría de estas personas están entre los 25 y 37 años, aunque hay cubanos mucho más jóvenes e incluso menores de edad que fueron por su cuenta (sin compañía de adultos). Al Humberto indagar acerca de cómo se está teniendo en cuenta esto, la oficial del MININT acotó: “el procedimiento es igual”. Estas personas vienen de ambientes marginales, sus propios padres han estado presos y eso influye en la conducta de estos menores”.
Respecto a los jóvenes, como es habitual se volcaron esfuerzos en desacreditarlos haciendo alusión de manera ambigua y con un tono de marcado desprecio a que “ya tienen un historial delictivo”. Si bien hay encarcelados con antecedentes penales, la oficial no mencionó el caso de Ariel Falcón, influencer cubano reconocido en Twitter como “Yo uso mi nasobuco”, famoso memero y diseñador de profesión. Tampoco del cantante Liam Sánchez, ni de periodistas u otros tantos jóvenes detenidos o sin claridad sobre su paradero actual que no cuentan con antecedentes.
“Que la justicia tenga toda la prontitud que se requiere” fue la premisa. Informando que ocurrirán distintos tipos de procesos, algunos de ellos muy rápidos con procedimientos sumarios donde en el término de 96 horas se llevarán casos ante los tribunales. Recordemos que estos procedimientos también se aplicaron al inicio de la pandemia donde por uso indebido del nasobuco (mascarilla) ciudadanos de la isla llegaron a cumplir sanciones de hasta un año de privación de libertad. Sin embargo, en pleno pico de la pandemia vemos a representantes del gobierno y al propio presidente incumpliendo esta misma medida que fuera aplicada con total severidad y por la que sufrieron cientos de familias cubanas.
“De los procesados que estamos evaluando hay personas que se les ha aplicado multas administrativas, otros puestos en libertad bajo fianza, reclusión domiciliaria u obligación contraída en actas”. Esto a partir de la individualización de la responsabilidad anteriormente referida, aunque dejaron claro que todo señalamiento quedará registrado. Los delitos de robos con fuerza en modalidades agravadas y lesiones, demorarán más en su resolución. Dígase en estos casos asaltos a tiendas en MLC, agresión a oficiales de policía, etc.
En cuanto a la represión ni en la Mesa Redonda, Hacemos Cuba o cualquier espacio mediático de los controlados por el gobierno cubano se habló de la otra cara de la violencia: la sufrida por la población. Sin embargo, esta ha quedado inmortalizada en cientos de imágenes y videos como las impactantes fotos de Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia The Associated Press que fue atacado mientras hacía su trabajo. Y aunque todas las imágenes mostradas por el estado son de agresiones a sus representantes, el primer fallecido resultó un joven de pueblo cuyo saldo dejó también el suicidio reciente de su madre. ¿Quién pagará por esto? No hay espacio para dichos cuestionamientos en los medios oficiales ni en las instituciones cuyo deber es representar al pueblo.
Humberto refirió que aprecia los hechos sucedidos como una gran afectación al espacio simbólico “porque Cuba es un país tranquilo”, y aunque no hizo alusión directa empleó recursos que demostraban su preocupación por cómo los actos del 11 de julio -que han ocupado portadas en todo el mundo- afectarían el turismo de la isla. Sector en el que el gobierno cubano ha volcado esfuerzos a pesar de los altos contagios por coronavirus y los casos importados que arriban al país diariamente. No obstante, si quedaban dudas sus invitadas las despejaron. “Uno de los patrimonios mayores es la tranquilidad para los que nos vistan”, “los turistas vienen y lo que primero aprecian es la tranquilidad ciudadana”, acotaron.
Otra de las tantas estrategias recicladas, la de alegar que todo se hace en favor del pueblo, fue también un intento de refuerzo a lo planteado en esta edición de Hacemos Cuba. “Nuestro pueblo mayoritariamente es una pueblo culto, inteligente, laborioso y quiere esa tranquilidad ciudadana”, compartió la fiscal. Al parecer quien no sea culto o inteligente tampoco tiene derecho en Cuba de vivir tranquilamente.
“La indicación que tenemos es severidad con estas conductas, representar al estado y severidad y rigor”, “Nuestro país es a muerte”, “Nos hacemos cada vez más fuertes”, fueron expresiones permeadas de imposición y triunfalismo que dieron toque final a esta jornada marcada, además, por discriminación de toda índole: por origen, por nivel de educación, incluso por ideales -sobre todo por esto.
