Foto: Jorge Luis Borges / CN360
Texto: Redacción Cuba Noticias 360
En el memorando presidencial dirigido al secretario de Estado, Antony Blinken, se lee claramente que entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, Washington “no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria”.
Es que la Casa Blanca anunció que no ofrecerá ayuda no humanitaria o no relacionada con el comercio durante el próximo año fiscal, al tiempo que se opondrá al otorgamiento de préstamos internacionales por esos conceptos, a varios países, incluido Cuba.
La justificación de Biden es que las sanciones responden a que estos países no hacen «lo suficiente» para combatir el tráfico de personas y la medida se mantendrá en vigor «hasta que dichos Gobiernos cumplan con los estándares mínimos” de la Ley de Protección de Víctimas de Trata “o hagan esfuerzos significativos para cumplir con los estándares mínimos”.
De hecho, el presidente demócrata orientó a los representantes de los Estados Unidos en cada banco multilateral de desarrollo que “voten en contra y hagan todo lo posible para denegar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la institución” que no estén dirigidos a lo que ellos consideren “ayuda humanitaria”, «ayuda comercial» o «ayuda para el desarrollo».
En este sentido, Washington sanciona a Afganistán, Birmania, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Irán, Nicaragua, Rusia y Siria
Por otra parte, el presidente de EE.UU. determinó que no se suministrará «asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio» a Afganistán, Birmania, China, Comoras, Guinea-Bissau, Irán y Sudán del Sur. Quedaron excluidos de esas medidas, por «interés nacional», Argelia, Malasia, Turkmenistán y Venezuela.
Para Rusia y Eritrea, se concedió una «exención parcial» que permite la financiación de programas educativos y de intercambio cultural , dirigidos a funcionarios o empleados de sus Gobiernos.
