Foto: Roy Leyra | CN369
Texto: Hugo León
A tono con recientes declaraciones del presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, sobre la pertinencia de la confiscación de propiedades o mercancías a quienes incumplan las leyes, la Fiscalía General de la República estudia el perfeccionamiento de las leyes que rigen el proceso confiscatorio en la isla.
De acuerdo con un artículo publicado en el sitio oficial de esa alta institución cubana, el procedimiento administrativo confiscatorio vigente en el país desde 1994 “presenta un alto nivel de obsolescencia”, comparado con las transformaciones realizadas en el orden jurídico con la promulgación de la Constitución de la República de Cuba del 2019.
“Urge perfeccionar su aplicación; como garantía para una justicia administrativa efectiva, logrando mayuor efectividad e igualdad para las partes, como paradigma del respeto a los derechos fundamentales”, señala la nota. Además, menciona la necesidad de eliminar las insuficiencias legislativas que limitan la aplicación del Decreto Ley 149 de 1994.
Según el texto, en 1994 “ante el reclamo de la mayoría de nuestro pueblo”, se buscaron medidas “eficaces y ejemplarizantes” contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, acumulando riquezas y bienes materiales al margen de lo legalmente establecido.
No fue coincidencia que el gobierno cubano haya puesto en vigor este Decreto Ley en pleno período especial, mientras la ciudadanía vivía momentos de escasez y precariedad general, con sólo unos pocos funcionarios y directivos con cierta bonanza económica.
Ahora, casi 30 años después, la Fiscalía General consideró que esos procedimientos deben ponerse en consonancia con la realidad del país, marcada por el despegue de la propiedad y la iniciativa privada y el surgimiento de nuevos sectores económicos.
El Decreto Ley de 1994 al que hace referencia el texto fue conocido por los cubanos como la Ley Maceta, y, según recuerdan los mayores de casa, enfrentó al Estado contra emprendedores y negociantes que primero habían tenido “riendas sueltas” y se enriquecieron, por lo cual el Gobierno terminó decomisando sus propiedades y apresando a muchos.
