Texto: Redacción Cuba Noticias 360
Foto: Mathias Buela
“Tienen más derecho que yo sobre algo que es mío”, ha asegurado una de las migrantes asentadas en el conocido “ Barrio de los Cubanos” en San José de Carrasco Norte, Uruguay, tras darse a conocer la amenaza de desalojo de las más de 60 familias cubanas que han construido sus casas en dicha localidad.
La justicia uruguaya ha citado a juicio a cerca de 92 personas con esta amenaza, por habitar un asentamiento propiedad de un centenar de personas que pagaron a una empresa para constituir dos cooperativas para la construcción de viviendas en la urbanización Ciudad de la Costa, muy cerca de la capital Montevideo.
Algunos de los cubanos afectados aseguran no conocer esta información de sus propietarios, a pesar de que llevaban años viviendo allí, en casa de maderas y bloques
El medio local El Pais, el mismo que contaba días antes el testimonio de supervivencia de estos cubanos, ahora presenta el descontento y la preocupación de sus habitantes por tal decisión.
San José de Carrasco Norte es una zona periférica de Ciudad de la Costa, a 26 kilómetros de Montevideo. Los cubanos que viven allí ahora temen por su futuro en medio de un trasfondo legal complejo.
Pero no solo cubanos podrían estar afectados. Algunos uruguayos también se han movido a la zona y aseguran los propietarios nunca habían reclamado nada: “Cuando vinimos no había nada y acá nos dijeron que el dueño había fallecido. Ni cartel de propiedad privada ni alambre”, comentó Natalia Coitinho al citado medio. Ella reside en la parcela conocida por la ocupación de los inmigrantes cubanos.
“Parecía tierra de nadie”, terminó diciendo, para calificar de oportunista esta reclamación.
Recordemos que en la primera vista judicial los propietarios del terreno manifestaron no tener interés en desalojar a las personas que viven allí. Su interés era vender todo.
En una segunda vista, los habitantes del predio aseguraron tener interés en comprarlo, pero no tienen los 350.000 dólares que pide la otra parte.
Muchos solicitan tiempo al juez para regularizar todo y que el Estado los ayude o les dé un préstamo de algún tipo.
“No queremos que nos regalen nada, pero sí poder pagarles a ellos y luego nosotros con tiempo devolver todo al ente que nos”, dijo Natalia.
